
Los bloqueos de carreteras levantados por manifestantes en todo Perú para pedir la renuncia del presidente serán derribados, según las autoridades.
Según los ministerios de Defensa e Interior, la policía y el ejército se preparan para lanzar una operación conjunta.
Tras su arresto y acusación por intentar disolver el Congreso en diciembre, los partidarios de Pedro Castillo salieron a las calles.
Quieren que Dina Boluarte, su sucesora, renuncie y convoque nuevas elecciones.
El Ministerio del Interior tuiteó que era ilegal bloquear las vías de comunicación y que ya habían muerto 10 personas como consecuencia de que las ambulancias no pudieran pasar los tranques.
Una mujer de 51 años y una adolescente que “perdieron a su bebé” perecieron como consecuencia de los bloqueos en la región de La Libertad, en el norte de Perú, a principios de enero, según el organismo de control de derechos humanos del país. “.
Según los medios locales, los camiones de reparto quedaron varados por los bloqueos de carreteras en algunas ciudades, lo que provocó que el precio de alimentos como papas y tomates se triplicara.
El comunicado del ministerio decía: “La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, procederá al desbloqueo de la red vial nacional que ha sido objeto del estado de emergencia”.
Boluarte pidió una “tregua nacional” el miércoles, pero después de que terminó de hablar, decenas de miles de personas salieron a las calles de Lima, la capital del país, para exigir su renuncia.
Tras la destitución de Castillo como presidente y tras un intento fallido de disolver el Congreso, Boluarte asumió el cargo en diciembre.
Los disturbios posteriores, que continúan en todo el país, se han cobrado la vida de más de 50 personas.
46 de las 56 personas muertas en los disturbios estaban involucradas en peleas con las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo de Perú, quien también dijo que el gobierno usó fuerza excesiva para poner fin a las protestas.
Junto a los políticos opositores que presentaron una moción de juicio político a principios de esta semana, los gobernadores de las regiones sureñas de Puno, Cusco y Apurmac exigieron la renuncia del presidente.
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